Hacia paradigmas de defensa costera democráticos, aportes para el debate sobre la participación ciudadana en la construcción de políticas de defensa costera, en el Partido de General Pueyrredón y partidos vecinos.

 

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En la misma línea que el articulo escrito por el arquitecto Guillermo de Diego para Surfrider Fundation Argentina , y sin pretender ser tan exhaustivo en la descripción del funcionamiento de las técnicas de defensa costera prevalecientes, como Federico Islas, en su articulo “Erosión y defensa costera” en Manual de Manejo Costero Integrado para la Provincia de Buenos Aires, este articulo tiene por objeto, poner en discusión la ausencia de instancias de participación ciudadana, en las políticas de defensa costera, en el Partido de General Pueyrredón, como un factor fundamental en la reducción del riesgo y la incertidumbre. Si bien es cierta la inexistencia de una Ley de Presupuestos mínimos que, como en el caso de los bosques nativos, contemple la conservación de los elementos y procesos naturales que tienen lugar en ambiente costero, la Ley General del Ambiente, como ley marco, establece un conjunto de instrumentos de política ambiental orientados a promover la participación social en el proceso de toma de decisiones y gestión del ambiente.

La construcción de los puertos de Quequen y Mar del Plata, ha devenido en un conjunto de políticas ambientales implícitas, vinculadas a la recuperación de playas, afectadas por la obstrucción del flujo sedimentario transportado por la deriva litoral, en dirección Sur – Norte dichas políticas de defensa costera priorizaron la construcción de espigones perpendiculares a la línea de costas, alterando de ese modo, la dinámica litoral.

En el periodo comprendido entre los años 20 y los 70, la profundización temporal y espacial de las políticas de defensa costera, se presenta como un indicador de un proceso coevolutivo, entre políticas reactivas y los procesos de deterioro paisajístico, degradación de los recursos, e incremento de la vulnerabilidad social, estableciéndose un circulo vicioso del tipo problema – solución – problema – solución.

De estas políticas sectoriales y fragmentadas, subyace, una conceptualización de las perturbaciones, como amenazas al equilibrio ecológico, que han de ser eliminadas. Las mismas emergen de un contexto político de alternancia entre gobiernos democráticos y regímenes militares autoritarios, coartando todo intento de participación popular en la toma de decisiones, deviniendo en un carácter vertical y fragmentado de las políticas de defensa costera.

Entre las repercusiones socio – ambientales de la consolidación de las políticas de defensa costera, se destacan, la agudización de la erosión en las playas del norte del partido y en el partido vecino de Mar Chiquita, el incremento de la peligrosidad de las playas, al modificar el perfil de los fondos, la generación de fuertes corriente de reflujo, comúnmente conocida como “chupones”, el aumento exponencial de la contaminación en las playas, al orientar hacia la costa los conductos de desagües pluviales, el entrampamiento de plástico en los espigones, sumado a la reducción de la renovación de aguas, dando lugar a una mayor carga bacteriológica, disminuyendo la calidad de agua para baño.

Con el advenimiento de la democracia, la consolidación del modelo globalizador, trajo aparejado la importación de soluciones estandarizadas en todos los ordenes de la vida político – económica del estado, la política de defensa costera no se vio exenta, el desembarco del paradigma de manejo costero integrado se materializa en Abril de 1984, con el Primer Curso – Seminario sobre Planificación y Manejo de Zonas Costeras y Zona Económica Exclusiva.

Este paradigma de manejo de espacios litorales, parte desde un enfoque eco sistémico, para la gestión de la zona costera y su cuenca hidrológica como unidad integrada, abarcando todas las dimensiones del espacio litoral, desde las actividades económicas existentes, la utilización y conservación de los recursos naturales, así como la capacidad de contener los diferentes conflictos entre los actores sociales.

El Manejo Costero Integrado, se presenta como un proceso continuo, dinámico, interactivo y participativo, orientando la asignación de los recursos ambientales para el uso sostenido y conservación de las zonas costeras.

Las premisas de dicho paradigma se pusieron a prueba, en el Proyecto Urbano y de Defensa Costera, desarrollado por el gobierno nacional y el gobierno municipal, con motivo de la celebración de la IV CUMBRE DE LAS AMERICAS, con un presupuesto de 28 millones de pesos.

El Proyecto Urbano y de Defensa Costera prevé, en este orden, las siguientes acciones

La defensa de la ruta 11 mediante protección del acantilado entre Mar del Plata y Miramar, con una partida asignada de 10,5 millones de pesos.

Remodelación de la playa LA PERLA, entre el espigón 0 y 11, con una partida asignada de 6,5 millones de pesos

Recuperación de playas ubicadas desde el espigón 11 hasta la “T” de Camet, con una partida asignada de 11 millones de pesos.

Por ultimo, se financiaría el plan director de protección de costas por un monto de 500000 pesos

¿No Debiera plantearse primeramente un plan director de obras, que integre políticas de defensa costera duras, “solo” en los casos más agudos, con técnicas blandas, y su cruzamiento con el ordenamiento territorial?

Los resultados han sido la aceleración del proceso de erosión y su exportación hacia el norte, la profundización de procesos de deterioro ambiental y degradación de los recursos, la amenaza de escenario naturales de elevado valor social y económico, por albergar rompientes, como la Paloma, donde se realizan certámenes de surf de nivel internacional, o las playas del norte de la ciudad donde se localiza uno de los clubes de surf pioneros, Sunrider, numerosas escuelas de surf, así como también, cuna de deportistas reconocidos internacionalmente como Maximiliano Siri y Emiliano Tabaré en los deportes de surf y bodyboard respectivamente.

De la situación actual nos surge un conjunto de interrogantes ¿se ha promovido la participación de los distintos actores sociales, ONGs y Asociaciones de Fomento en la política de defensa costera? ¿Que instancias de participación social contempla el orden ambiental vigente? ¿Puede contribuir la participación popular a disminuir el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre presente?

La ley general del ambiente y la participación ciudadana

Ante la ausencia de una ley de costa, la ley general del ambiente se constituye en el instrumento de política ambiental mediante el cual podríamos avanzar hacia una democratización de las políticas de defensa costera.

Dicha ley sancionada en el año 2002, es el marco jurídico que establece los presupuestos minimos de protección ambiental, establece los principios, objetivos e instrumentos, para que las autoridades, en sus distintos niveles de gobierno, ejerzan el poder de policía ambiental, asi como la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión. La normativa en sus artículos 16 – 17 y 18 determina el acceso a la información ambiental administrada por el estado, sin tener que justificar la solicitud. En lo que respecta a la participación ciudadana, presenta un abanico suficientemente amplio, incorporando la audiencia publica, como instancia direccionada al mejoramiento de la racionalidad de las decisiones que se adopten, la misma se considera una instancia obligatoria en los procesos de ordenamiento territorial y de evaluación de impacto ambiental. (Sabsay, 2003).

Cabe destacar el principio de subsidiaridad, mediante el cual el estado nacional, a través de distintas instancias de administración publica, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambiental.

El rol de las ONGs, sociedades de fomento y la municipalidad

“En contextos democráticos, la participación de todos los sectores sociales involucrados se vuelve decisiva para el diseño, la gestión, y la implementación de políticas de prevención y mitigación de los desastres sociales” (Natenson,1995)

La articulación entre ONGs, sociedades de fomento, y el gobierno municipal, como representación política de lo local, se vuelve crucial, para trascender paradigmas defensa costera duros, verticalistas, y sectoriales…cuya única opción es la construcción de escolleras. El cruzamiento de las acciones particulares, en un marco colectivo, con la normativa ambiental, debe direccionarse a la conformación de espacios institucionales para la discusión de una política de defensa costera consensuada, regional, que incorpore a los municipios vecinos receptores de las “externalidades” de este modelo de defensa costera, innovaciones tecnológicas, y fundamentalmente planificación adaptativa.

Facundo Deyuanini

Profesor en Geografía

U.N.M.D.P

Departamento de Geografía

Cátedra: Política y Economía de los Recursos Naturales

 

 

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