altEn el Congreso brasileño se han vivido días de intensas discusiones que derivaron en aplazamientos debido a la polémica generada por la Represa Belo Monte, central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú en el estado de Pará, ubicado en la selva amazónica.

La represa tiene un costo estimado de unos 3,000 millones de dólares y otros 2,500 millones por la línea de transmisión de electricidad al resto del país. La capacidad instalada planeada para la represa será de 11,000 Megawatts, la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (después de la gigantesca Itaipú de 14,000), y la tercera a nivel mundial detrás de Tres Gargantas (China).
 

Indígenas y pobladores tradicionales de la Amazonía reclaman al Parlamento brasileño contra la construcción de la gigantesca represa Belo Monte, impulsada por el gobierno federal y objetada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues supone la inundación de 500 kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas y bosques, impactando directamente el área indígena Paquiçamba, de la etnia Juruna.

La CIDH informó a Brasil que el pasado 1 de abril recomendó medidas cautelares a favor de comunidades indígenas que resultarán afectadas por este proyecto de infraestructura.

La OEA fija entre las condiciones mínimas necesarias “realizar procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada una de las comunidades indígenas afectadas”.

La respuesta del gobierno brasileño provocó molestia entre los defensores del medioambiente y entre los pobladores de la Amazonia pues emitió un comunicado en el que calificó de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH.

La organización no gubernamental The Nature Conservancy considera que para ser viable, la represa de Belo Monte necesitaría de otras represas aguas arriba para garantizar un año de flujo circulante de agua, lo que significaría la inundación de más bosques.

Por otra parte, se cree que el proyecto requerirá excavaciones equivalentes a la obra del canal de Panamá y que su construcción duplicará la población regional, con al menos 85,000 personas que llegarán buscando trabajo, originando más presión sobre la tierra, deforestación y demanda por servicios básicos, que ya son escasos.

Cabe destacar que este proyecto ya había sido propuesto y abandonado en los años noventa debido también a protestas de ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ahora es el gobierno de Dilma Rousseff quien enfrenta los reclamos de los pueblos indígenas.

A pesar de las protestas, la presidenta ha reiterado que este proyecto no será detenido pues es fundamental para garantizar la energía que el país requiere para su desarrollo y para el resto de los proyectos de infraestructura planteados en el marco del 9º Foro Latinoamericano de Liderazgo organizado por CG/LA Infrastructure en Río de Janeiro del 9 al 11 de mayo de 2011.

El proyecto es desarrollado por la compañía eléctrica estatal Eletronorte y gestionado por Gaia Energía, la división de renovables del Grupo Bertin.

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